Revue de la B.P.C.                         THÈMES                                     IVb/2002

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DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO

Y CIENCIAS SOCIALES DE CÓRDOBA

 

Ante la gravedad y profundidad de la crisis política, económica, social y moral que atraviesa la República Argentina, que constituye una de las encrucijadas más preocupantes que ha debido enfrentar nuestro país en los últimos tiempos de su historia, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba se siente en la obligación de expresar su opinión, en ejercicio de su magisterio institucional, con la finalidad de efectuar algún aporte, que pueda servir para el restablecimiento del orden y la superación de los problemas que nos aquejan.

Si se describen de manera objetiva los síntomas o signos externos de la crisis, su rasgo sobresaliente lo constituye el incremento inusitado de la conflictividad social, la contraposición permanente de intereses dignos de tutela, como así la sensación colectiva de estar inmersos en una inestabilidad de tal magnitud, que ha hecho desaparecer por completo el valor seguridad, tanto para la sociedad civil como para la política.

Tal  lamentable situación, pública y notoria, con el deterioro evidente de la dirigencia del país, conlleva, como escondida detrás de la prisa que caracteriza a la declarada emergencia, la tentación finalista que privilegia la efectividad o el resultado inmediato por sobre el respeto de la ley y el orden jurídico-social.

Conviene recordar que el imperio de la fuerza, cuando se transforma en sustituto del derecho,  se traduce en regímenes totalitarios que derrocan y subvierten los gobiernos democráticos y constitucionales. Puede llegarse también a idénticos resultados en situaciones donde, detrás de una apariencia  de  legalidad formal, se vulneran torpemente  los derechos y garantías, se gobierna al impulso de los vaivenes de la presión directa, que desplaza y excluye instituciones genuinas de la representación política, o, en definitiva, se transgrede constantemente el principio de legalidad, mediante la negación de las correctas vías de procedimiento que terminan ubicando a la emergencia por encima del mandato supremo de la ley.

Ante estos peligros, ciertos y actuales, por los que atraviesa nuestra sociedad, esta Corporación se siente en el deber de hacer una severa advertencia: resulta de fundamental importancia  tener en cuenta  que  la única manera de volver a la normalidad, de superar la crisis y de resolver de la mejor forma posible los problemas que nos aquejan, es   mediante el ejemplar respeto e irrestricto cumplimiento de la Constitución Nacional, que, en definitiva, no es otra cosa que una explícita reiteración  de la supremacía del Derecho como expresión cultural colectiva de la Nación.

Los cimientos del país serán seguramente reconstruidos, no sin dolorosos esfuerzos, por cierto, en la medida en que se restablezcan y pongan rápidamente  en práctica los grandes enunciados éticos que orientan la conducta humana, tanto en gobernantes como en gobernados, principios que dimanan de la misma naturaleza del hombre, por lo que nuestro reclamo no se detiene solamente en un retorno al derecho concebido exclusivamente a través de su expresión formal o positiva, sino que se hace impostergable la refundación de la ley, conforme a las reglas propias de una axiología moral, capaz de hacer coincidir las reglas naturales con las positivas, compatibilizando, al mismo tiempo, los intereses individuales con los de la colectividad.

A modo de conclusión, fervorosamente, INSTAMOS al Poder Público

 

1) A respetar la absoluta soberanía de la ley, en especial, de la Constitución Nacional, lo que implica el riguroso mantenimiento del estado de derecho.

2) A observar el fundamento ético del derecho y no sólo la mera legalidad, asegurando la eficacia y la independencia del Poder Judicial. .

3) A instrumentar reformas urgentes en lo político, en lo social, en lo económico, que tiendan a procurar una equitativa distribución de la riqueza y una genuina solidaridad social.

Y pedimos, por tanto, públicamente, que se destierren para siempre de la República, toda forma de corrupción; todos los privilegios, cualquiera sea su clase y, muy especialmente, los sectoriales; todo lucro superfluo en desmedro del Bien Común;  todo daño a la Vida, al Derecho, al Honor.

Córdoba, 9 de abril de 2002.

 

Dr. Ernesto Rey Caro                                          Dr.  Olsen A. Ghirardi

    Secretario                                                              Presidente

 

 

Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba
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