Revue de la B.P.C.                                                     THÈMES                                                                  V/2008

 
Mise en ligne le 23 juin 2008                                             http://www.philosophiedudroit.org

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Ley francesa sobre retencion de seguridad y filosofía criminal

 

por Jean-Marc Trigeaud

Profesor de Universidades (Francia), m. honor. de la R.A. de Jurisprudencia y Legislacion (Madrid)

 

Traducción realizada por Dra María Josefina Cámara Bolio, Abogada y Criminóloga, miembro de la Sociedad Mexicana de Filosofía del Derecho y Filosofía Social,  así como Profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Responsable, también, de un trabajo de investigación en INDEPAC, sobre el tema “Inimputables: por minoría de edad o en razón de insanidad mental”.

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Regreso de viejos demonios

 

 

 Helos aquí, pues, de regreso, no solamente reforzados, endurecidos, ciegos, moldeados en la ganga de un dogmatismo institucional que hace prevalecer lo administrativo sobre lo judicial, pero aureolado, esta vez, por un humanitarismo liberal y “victimológico”, ese mismo proyecto que, en los años 70’s, sugerían las antorchas del KKK, y que los Partidos llaman de la “derecha” francesa, apurados de calificar, para quitarse la marca, de “neo-facistas”, o poniéndole algún otro programa de lucha contra el crimen, apuntalado, si ello es posible, sobre el sentido de los principios jurídicos, y arruinando, en todo caso, la unidad del conjunto doctrinal, legislativo y judicial, respetando, dicho de otro modo, el Estado de Derecho y la autonomía, si bien relativa, se las funciones del Magistrado. Era la época en la que los Profesores de Derecho eran, muy frecuentemente, es cierto, los Legisladores, pero en la que ellos se arriesgaban cada día a ver su nombre pintarrajeado en rojo sobre los muros de los santuarios de su ciencia (como ello llegaba a nuestra casa-madre de la Plaza del Pantheon) desde que ellos intentaban oponerse a esos contra-fuegos y desde que los eternos extremistas de la sombra gritaban sus nombres cargados de abominación: les era violentamente reprochado el no querer vengar la sangre de las víctimas, de los abandonados, y, a través de ellos, de un Estado cómplice de criminales, y se les suponía, como en la Italia de que era, en suma ya, la gris pancarta que se domiciliaba en la respetabilidad de ciudades del sur estadounidense, en una atmósfera donde se perseguía siempre al negro, declarado homosexual, borracho, pedófilo, asesino serial, y, naturalmente, reincidente…

 

Eso se llamaba en ese tiempo: “internamiento preventivo”, supliendo una tutela penal, y eso se llamaba, distintamente y en plan de rivalidad y como un responso solemne: “seguridad-libertad”. Ahora, esto está bien como aquello que, confusamente, regresa bajo un nuevo aspecto, netamente inclinado, a primera vista, a los orígenes poco confesables , y

aproximándose espontáneamente, fuera del control de facultades, lejos de lugares consagrados a la gestión  de grandes “polos”, atareados con las tasas reproductivas y, sin duda, más atareados que nunca en las actividades de “repetición” y de anestesia de la reflexión crítica;  se prefiere, pues, invitar a lo práctico y, muy rápido, a la sacrosanta “opinión”, en un momento donde la presión mediática tiene excesivamente establecida sobre todos los canales televisivos la efigie de terror de destrozadores de cuerpos a mordidas, sin osar, mientras tanto,   las relaciones o incorporaciones culturales o étnicas (la tesis de Nielsen de los años de antaño), o, lo que sería de más actualidad, ciertos condicionamientos de otra naturaleza, más económicos y sociales, y, también, más inmateriales, marcando el retorno de lo mágico-religioso predicho por Gurvitch, si lo irracional es, también, el opio o la compensación de todas las carencias anteriores al crimen. La represión puede, así, identificar un nuevo objeto de presa; ella resucitará implícitamente sobre todos los frentes, la idea de ese mismo complot fomentados por los malvados tenebroso y por todas las “reinas de la noche” que la vieja teoría genericista y racista no ha cesado jamás de mantener.

 

 

 Empirismo casual, olvido de los principios e indiferencia hacia las verdaderas realidades.

 

Se han “hecho” las leyes, mas no se conoce, hace conocer ni reconocer, pública y 

 Abiertamente, un derecho: y se hacen esas leyes después de algunos hechos diversos, para el caso bien conocidos y útilmente falseados, a menos que no se prepare un tal caso

en cantos”, o que no se les invente en todas sus piezas, para hacer nombrar el más opaco rumor, que se infla, siendo más poderoso que la hipótesis estatizada. Y como la ley es la voluntad, y su autoridad, más que la razón y sus dudas, para parafrasear a Montesquieu, y conviene explotar los meros resortes que mejor pueden sostenerla y asegurarle sus aciertos: esos, pues, de “lo irreflexivo”, ambiente tal que ha sido confeccionado mezclado con el incesante chantaje de una amenaza brotada de las condiciones mismas de la vida.

De lege ferenda, al mismo tiempo que de lege data, diversos colegas penalista y juristas, se han expresado sobre el sujeto, porque, con frecuencia, más verbalmente  que de manera escrita, la de ciertos editoriales prohibidos, que parecen menos enfocados a ersitariasa, y, por allá, la prosa menos sapiente, cierto, da testimonios, profesionales o de observadores prácticos, de casos o de hechos diversos y de prácticas disponibles para instaurar ahí. La cuestión tendrá, en todo caso, qué ser examinada bajo la mayor parte de sus aspectos técnicos y demostrando las irremontables contradicciones de los principios a los que ella da lugar. Eso que ha conducido, generalmente, a los unos y los otros a manifestar una firme oposición a un proyecto de ley, convertido, mientras tanto, en irreconocible y transformado, después de algunos retoques, suficientemente fundamentales, del Consejo Constitucional, después de que este órgano, en principio, ha excluído una imposible retroactividad que ha obligado a modificar…y la Constitución y la DDH misma!, pues ha delimitado la puesta por obra sin condiciones para el procedimiento, lo que ha limitado así, incluso neutralizado, la presentación inicial.

Al permanecer los principios, o mejor, los “anti-principios”, si se les discierne bien, alrededor de los vuelos polémicos de un texto, son los mismos. Y, así, es dudoso e imprudente declarar que una medida de seguridad no es una pena, lo que resulta un contrasentido, en razón de la superposición forzada de dos conceptos, y constituye una contradicción y una aporía, al seno de un mismo sistema de obediencia, originalmente judicial, y se puede reclamar una aplicación inmediata de ese texto; si era el caso, pero no se ve exactamente cómo, sin embargo, y la CEDH(1) no lo entenderá mañana así, quien afectará ese texto de censura, por violación de la DDH. Si la Política está sinceramente preocupada por las víctimas, tanto como pretende estarlo, que les asegure, pues, protección contra los criminales ya condenados por homicidios voluntarios, y a los cuales ubique cerca de un tercero, como se dice, que atienda siempre su encarcelamiento, estimado imposible en razón de la situación de establecimientos que no los pueden recibir! La inefectividad de las decisiones de la Justicia que ello lleva a describir, no es del todo lo hecho por funcionarios Magistrados con lasitud o pereza; ella traduce la incuria de los servicios del Estado, que se hunde, se derrumba, solamente ante las responsabilidades que le incumben: es al Estado, en efecto,  quien viene directamente de tomar un albergue en Magistrados encaminados al enunciado de sentencias y a la vigilancia de sus modalidades de aplicación relativas a la persona del criminal; es él quien se encarga de organizar prisiones suficientes y, desde luego, decentes, donde se desembarace de supuestas “condiciones de indignidad”, que le han lleva a ser sujeto del último reporte crítico europeo, conducido por una Comisaria europea, española (ex -Ministra de Justicia), miembro de la Comisión Attali , y reforzando reportes anteriores de Amnistía Internacional.

Más allá de los elementos técnicos y de toda polémica fáctica, nuestra aproximación al tema es diferente y complementaria; nosotros no retomamos debates de este orden, lo mismo si ellos están bien lejos de ser agotados; un simple estudio, en trabajos dirigidos de Derecho Penal de segundo año de Universidades jurídicas, del texto de la ley, pero, sobre todo, del Proyecto y de los textos preparatorios de los Relatores de la Comisión de Leyes de la Asamblea Nacional y del Senado, y de las enmiendas de las cuales la redacción de origen ha sido objeto, y la prisa en contar también, en una perspectiva de crítica socio-antropológica, las implicaciones reales profesionales, corporativas y políticas de los actores en escena, dicho brevemente, de sus competencias reales y objetivas, es suficiente para convencer fácilmente de lo bien fundado del conjunto de críticas, formuladas sin nombre.

Uno de los raros Profesores de Derecho, presente en el Senado, y antiguo guarda-sellos socialista, tendrá, desconcertado, revelar eso que sus homólogos, de pertenencia política opuesta,  no captan y eso que todo manual elemental enseña a todo estudiante, no sólam,ente en Francia, sino en otras partes: que no se deberá confundir lo administrativo con lo judicial, ni una amonestación con una condena penal.

Nosotros haremos, sin embargo, una primera constatación, preludiable a toda revaluación de presupuestos filosóficos de los principios de la ley: ellos tienden a la relación entre opinión y verdad.

 

 

 Una opinión compasiva montada en todas sus piezas sobre un fondo de nihilismo axiológico.

 

Se mueve una vez más el mostrar cuánto la opinión es aquí tanto como más manipulada, en tanto  que los  dones técnicos se le escapan, ya que, entonces, esos dones no son,  al excedente, puramente técnicos, pero se abren a un aspecto más teórico todavía por donde ellos ponen por causa eso que protege lo esencial mismo de las libertades de las cuales participa el ciudadano dentro del Estado de Derecho. Esta opinión, que emociona por la suerte trágica de las víctimas, está, así, abusada y equivocada sobre esto esencial que está comprometido sin que se pueda poner en duda.

La opinión, como un todo irreflexivo, es inconciente, cierto; pero este efecto está agravado por el modo de gobierno tecnocrático que conocen la mayor parte de  países, hoy día. Los juristas no pueden , por su parte, defenderse; pero hará falta encontrar otro  lenguaje que el de su ciencia; y faltará, en principio, cambiar de función y asumir más el lugar del filósofo del Derecho, adoptando un punto de vista exterior al Derecho, un punto de vista que le permita acceder a la comprensión específica de la noción de Justicia que “hace al Derecho Derecho”, lo mismo si esta noción está naturalmente implicada dentro de los principios que ellos tienen vocación de enunciar y de explicitar. Bajo este ángulo, en efecto, el Derecho no sabría pensarse él mismo, o auto-reflexionarse; en ese espíritu, esto es en “la idea” del Derecho, y no solamente en su “concepto”, en sus causas, más que en todo el rigor de sus principios, es a lo que les conviene no dejar de remontarse.

Pero, de más, la opinión es paradójicamente reforzada gracias a un poderoso método de propaganda que pone en su beneficio un nihilismo filosófico, ese que suscita la corriente muy a favor, y culturalmente envalentonada, en todas las esferas del Estado, de la “meta-ética” y de su “no-cognitivismo”. Esa corriente profesa que los valores, voluntariamente aceptados, son un motor indispensable, pero sin poder abrirse a una posibilidad de  conocimiento, no reposando más que sobre la subjetividad cuantificable de los individuos que ahí se refieren, y exhorta al legislador a no retener más que la discutible interpretación “consecuencialista”, o aquella, también totalmente discutible, que tiende a una  “ética de la responsabilidad” (ver Hegel y Weber): donde el recurso, sin gran escrúpulo moral, es una suerte de método maquiaveliano sistematizado que sabe sacar, sofísticamente, partido de situaciones casuales y fortuitas, amplificadas enseguida por la prensa en la sensación, sin ser llevada por la Metafísica  ni por la Ética, jugando con los efectos provocados en la percepción de masa; el fin (o más bien aquí, más trivialmente, el efecto) justifica todos los medios que se emprendan (hasta los fichajes de ADN y las encuestas de antecedentes). La descripción el crimen ahí, será, pues, odiosa, “compasional”, implicadora de testigos, y subrepticiamente, sobre todo, culpabilizadora; ella se obtendrá de hacer olvidar que la responsabilidad penal se funda sobre la persona del criminal para centrarla, con toda ruptura de lógica, sobre la de la víctima, donde se hará como si tales intereses, no fueran más que categoriales, bajo un control más directo de lo político y de un partido en el poder, representante oficializado de aquellos, “a la americana”, sin siquiera darse cuenta de que existen en América contrapoderes auténticamente judiciales y testigos de un interés general: el interés moral es universalizable, estático y funcionarizante, a quien se requiere proteger primero, en la sociedad civil, eso que la atraviesa y la rebasa, y ella aspira, de alguna manera, a lo más alto, a través de un principio de  unidad superior y gratuito el cual se puede abnegar y también sacrificarse, y que no es la suma de los intereses particulares que ella engloba, sin lo cual sería animal.

 

 

Una igualdad de sujetos de Derecho difícil de admitir

 

La opinión que nosotros presentamos, puede ser  atacada por eso que ella acepta, pues, sin otro examen, por quien viola de manera contradictoria los derechos legítimos del criminal. Pero el Derecho sostiene, en tanto que Derecho,  que la persona del criminal es a priori igual a la de la víctima ante sus exigencias, como la persona del deudor que no paga su deuda, es igual a la del acreedor que lesiona su insolvencia. La misma opinión incriminada puede estar remisa en la cuestión de sus parcialidades, todas también inadmisibles,  cuando ella es turnada por las concepciones que retoman los grupos de presión, políticos o religiosos: concepciones que se aplican todas a divisar con complacencia  los hechos y que practican la desconexión o interrupción de todo proceso de analogía universalizante y justificadora, característica de un pensamiento crítico. Cómo soportar, por ejemplo, una actitud de repentina compasión por las víctimas, que, al día siguiente de las declaraciones de un presidente sobre el show, se acompañarán de tanto como de retrocesos mafiosos, de móviles poco transparentes, relacionados con la idea que la memoria, contrariamente a la exigencia Platoniana de un mínimum de conocimiento (y, agregaremos, de moral…), está para limitar o para “ponderar” según la asombrosa sugestión de Paul Ricoeur, poco antes de su desaparición…Dicho de otro modo, demasiada memoria, perjudicará a la conciencia! Cómo no levantarse, precisamente, ante la contradicción del proceso Papon, ya, donde se acogerán sin pestañear la prescripción de crímenes manifiestos de Derecho común (lo que, ciertamente, tiende al estado indiscutido de nuestro Derecho) por arresto intempestivo de personas por la autoridad administrativa francesa, y donde no se relativiza, pues, la dificultad de establecer la intención genocida propia de un crimen más específico  contra la humanidad, que permita superar el obstáculo de la prescripción. Se ha preferido que las conciencias, o más bien sus intérpretes, sean suficientemente generosas para demandar, a favor de esta misma idea de entrelazamiento de crímenes, la revisión urgente de plazos de prescripción  de Derecho común, del cual la

significación y la presentación están ligadas a las circunstancias de otra edad y que no sabrían quedar, así, arbitrariamente intangibles.

 

 

Silencios vergonzos y coartadas bien pensadas

 

 Otro ámbito del que no se sabría cómo huír, es el relativo a  “sujeto afuera”. Lo incomprensible  sostiene como aportado intelectualmente y moralmente a esta ley, instituyendo una “medida de seguridad”, a riesgo de ser todavía más chocante si se acompaña de una indiferencia hipócrita a diversas situaciones evidentes, donde las personas se vuelven víctimas: las situaciones de desprecio económico, donde la libertad del empleado está situada bajo la dominación, desequilibrante del contrato, de un empleador que podría no motivar su despido porque él es beneficiario del producto de su trabajo (ha fallado atender las censuras de organizaciones y de jurisdicciones internacionales para, discretamente, hacer salir un contrato poco ejemplar de un Código del Trabajo); las situaciones entrañadas por las medidas, violan todo Derecho fundamental de la persona, de división de familias, cuando la madre es separada del marido, y donde su hijo es recogido, y donde son igualmente perseguidos aquellos que han acogido y ayudado materialmente los sin-papeles….

Esos no son más que algunos ejemplos dentro de un conjunto que se sabe muy poblado (se podría, también, tratar de la situación donde se encuentra, del hecho de leyes recientes “orientadas”, el enfermo en lugar hospitalario privado o público). La conciencia moral parece bien avara en parecidos casos de consideración de la dignidad de las personas y de respeto a las víctimas. Entonces ¿por qué semejante reflexión exclusiva a la mirada sólo del monstruo criminal que parece amenazar a cada uno en su ser íntimo y su bien? ¿Estaremos próximos a una sociedad animal que perderá el sentido mismo de bienes que no serán egoístas y de la cual la pérdida podría no ser más que un gran fantasma colectivo?

Pero, como lo religioso no está aquí jamás muy lejos, en razón de lo moral, no está más para ser olvidado. ¡Cómo es extraño el no ver aparecer este elemento religioso más que en la hipótesis, suficientemente caricaturesca, donde son abordados los problemas de bio-ética familiar, y sobre todo, el habitual voyeurismo a psicoanalizar sus complicaciones, cuando se mete cualquier cuestión relativa a la sexualidad! Qué de declaraciones generosas sobre la persona humana, donde son convocadas todas las Iglesias (no calificadas como sectas), sobre un sujeto (semejante a aquel de la fecundación in Vitro), no emocionando más que a los ambientes suficientemente protegidos y asistidos por el lujo occidental. ¿Se nos llenaría, sin embargo, de compasión por las víctimas de situaciones sociales y laborales, o, si no es malsano decirlo, por aquellos que se está presto a enviar, bajo el primer pretexto de riesgo de reincidencia, a un establecimiento de seguridad? ¡Qué crédito, qué sinceridad ponerse de acuerdo con esos movimientos de protesta morales, que ven así el respeto a la persona a nacer, o aquel del moribundo, cuando un silencio también vergonzoso reina sobre los otros sujetos analógicamente parecidos? ¿Hará faltá, entonces, creer o será  confirmado que  la religión o el sistema moral de referencia no es más que el aliado de privilegios de clase? La sóla posibilidad del ejemplo contrario, será suficiente, seguramente, para invalidar esta conclusión, como la sola idea de una naturaleza permite negar la tesis que lleva toda naturaleza a una “primera costumbre” o a un acuerdo; pero  tal conclusión no reside en menos verdad, a título de hipótesis de trabajo, y conviene suscribirla, en una aproximación a las ciencias humanas que osa tratar un fenómeno medio, mirándolo Durkheinianamente como una “cosa”, tanto masiva como incontestable, en el estricto plan material. Eso que es una alianza objetiva entre ciertas referencias de Filosofía Ética o de Ética religiosa, igual al interior de iglesias que no lo  dicen  sobre lo esencial, disimulan al mirar una ley de una bien grave presentación, y donde se prefiere disertar sobre “ la Hermenéutica de las Teorías de la Justicia ” Rawlsiana o Smitchiana, y sobre “la narratividad del discurso de evaluación” (sic)…) y ciertas actitudes que institucionalizan  la  injusticia  institucionalizando  justamente  un  no-decir  que  repulsa  lo  profundo de la conciencia. Esto no es, de ninguna manera, volverse contra las precitadas filosofías, pero las interpretaciones sociológicas, de las cuales ellas son inevitablemente solidarias, llegan curiosamente a la adopción, implícita o directa, de un anti-modelo ético que pone en problemas. Una verdad moral es independiente, ello es verdad, de su efectividad, pero a condición de ser, precisamente, una verdad metafísicamente, es decir, una verdad absoluta, y no esta verdad de teorías de la justicia en boga, que se convierten en contra-verdad, juzgándolas por eso que ellas son.

 

 

Unidad de la persona y mirada sobre el más débil ; focalización progresiva sobre “el responsable”

 

La personalidad jurídica, en todo caso, no se divide; es aquella del trabajador o del niño, o del nasciturus, aquella de la víctima y la del criminal, lo mismo del peor, aquella del funcionario(2) y la del privado(3), la del ciudadano y la del no-ciudadano o aquella del sin-papel(4).

Ahora, según la aplicación constante del Derecho, comenzando por aquel que es el que está más en posición de debilidad, es que se la debe entender. Por evidencia, la 6es súbdita de la injusticia, y se podrá, ¿por qué no?, volver a hablar, en ese sentido, de la necesidad de revaluar las penas, a veces insuficientemente adaptadas, concernientes a los crímenes más graves (no será esto más que por comparación con la escala practicada en países vecinos), y por la anticipación sobre la reincidencia, de otra manera, y dicho de una vez, después de la Revolución , de recurrir a otra pena o a una pena más grave que aquella que está relacionada con el delito o el crimen(5); hacerle el reproche de ser una pena demasiado ligera y, mientras, infundada y abusiva; además, la comparación con los sistemas extranjeros, inspira la perplejidad sobre las diferencias también entendidas: por un crimen igual, en un país vecino – de antigua cultura penalista y criminológica-, se le expone a una pena, desde lejos, muy superior, y no hay ninguna remisión de la pena, ya excepcional, fuera de control del mismo Tribunal que ha juzgado.  Ello no sabría enfocarse a negar la verdadera cuestión, reenviando de una vez lo político a su entera responsabilidad, la cuestión y la aplicación de penas, de la cual él parece olvidar que  no la asume correctamente, y de su naturaleza y entendido que parecería no poder ser más que el sólo objeto legítimo de su gestión.

Pero enseguida, una vez el “fallo” admitido, una vez la injusticia establecidda, la búsqueda de responsabilidad asumida, está el delincuente, y esto es, para él, bajo el nombre de responsable, supeditarlo a la injusticia compensadora de aquella que él ha hecho sufrir a la víctima; el Derecho no interviene verdaderamente, y la política no interviene a su alrededor para hacer respetar ese Derecho, que, a partir del momento donde se desvía de la víctima para mirar al criminal, y donde se vale de la injusticia del hombre para practicar la injusticia correctiva de esta injusticia a nombre de la justicia de los hombres en la sociedad; esta es la razón por la cual el delincuente es presumido inocente, y es porque, igual culpable, desviado o peligroso, él es admitido a poder defenderse según un sistema de radical contradicción que comanda los principios de un Derecho fundado sobre el audiatur et altera pars, ese que escapa al proceso gestor de asambleas, administrando soluciones concertadas por intercambio de simples opiniones o deducciones de pseudos-saber de expertos, que no es jamás certero ni de  una naturaleza que obligue al Derecho a respetarlas.

Todo opuesto, así, lógico-dialéctico, asumiendo el sentido cultural de la alteridad, e implicando el reconocimiento de un valor de referencia, y lógica política-tecnócrata o administrativa de un “mismo”, reproductiva de un sentimiento convenido y presto a maquillar de formalismo sus certezas.

 

 

Hegemonismo político : la tentación, no solamente de ir en contra del Derecho, sino de suplirlo

 

En la prolongación de esta primera constatación, se ha tenido todo el sitio para tornarse, siguiendo  sobre la extensión permanente de lo político, a violando las exigencias del Estado de Derecho, y substituyendo lo judicial, o neutralizándolo, y yendo igual aquí hasta llegar a no tomar en cuenta la noción de sujeto de Derecho y la prohibición de una muerte civil, sobre eso que está establecido en todo Derecho, eso que es el primer bien constitutivo de la República , que mueve al Estado y lo sujeta a su total reconocimiento. Y se retoma el fenómeno del hegemonismo que nosotros hemos descrito desde antes(6) y que hace eco a una de seguridad, como si la una no serie de leyes que, en estos últimos años, se han empleado en desacreditar la regla de Derecho que se supone que ellas deben recibir y respetar.  En esta ocurrencia o caso, la idea de tratar de duplicar(7) todo el Derecho, imitándolo o instaurándose en su lugar, de actuar con astucia sobre las nociones de pena y seguridad, como si la una no implicara a la otra, o al menos, la adhesión inevitable al fundamento de la otra, en un orden que es, a la vez, lógico y onto-axiológico a partir del sujeto incriminado, la idea de sesgarse de las jurisdicciones que habrían de juzgar y aquellas……que no lo harían(¡), definiendo los establecimientos que no serían más lugares de encarcelamiento sino de simple puesta en “seguridad” y serían, en todo lo mismo….”judiciales”, corresponde a una extravagante logomanía y confusión terminológica que la estrategia (que, es por lo tanto, equivocada) de evitar el control reducido de una conformidad constitucional, no es, notablemente, suficiente para justificarse.

Para relatores interpuestos, (ya implicados en otros procesos contemplando objetivos análogos), hay ahí una operación de subversión del Derecho, del poder o de la autoridad judicial, y de irrupción de lo político que absorbe lo que presenta como siendo la parte, e invirtiendo lo dado en su todo a él, sustrayéndose hábilmente a toda remisión de la causa. ¿Lo político no es, por tanto, garante del Derecho, y él no está, supuestamente, para defenderlo por la fuerza pública que maneja, sólo si hace falta? En este caso, no se ejerce esta competencia más que para neutralizar al Derecho, lo judicial y lo legislativo, y eso que, en su mismo principio, utiliza todos los medios de que dispone, hasta disciplinas de pertenencia a grupos parlamentarios o senatoriales: él los reordena a los fines de los cuales decide confidencialmente, cuando los fines de la República, de la identificación de personas según el Derecho, se imponen contrariamente a él sin que él haga otra cosa que albergarlos y agregarlos, y cuando más se les debe contar en la instancia del Derecho y de sus definiciones, las que, intelectual y moralmente, le vienen a priori.

Eso no es porque lo político posicione la fuerza al servicio del Derecho, de la cual, el Derecho, como tal, está desposeído(8), y por eso el Derecho debe ceder al chantaje de una fuerza desnaturalizada y desfinalizada, que es empleada contra él y paralelamente a él. Nada se resiste a esto, si no es la conciencia crítica, en términos de fuerza y no de Derecho, hacia un fin impuesto, a la operación que ha sustraído hacia el medio el fin, ese que él había presumido o supuesto servir, para asignarle otro, falsificando la referencia al Derecho y sustituyéndolo por la suya, como si el Derecho pudiera ser su Derecho, y osando reemplazar el interés público por el interés privado, que proviene de la apropiación indebida que se le ha hecho.

El Derecho que hace el Estado de Derecho y que hace el Estado justo, está desprovisto de mecanismos concretos a acción material, que son los del Estado, precisamente. Es, también, por lo cual la voz del Derecho, aquella independiente de su  ciencia, y es enseguida cubierta por aquella de agentes funcionarizados, encargados de su aplicación, o por aquella de los comentaristas de opinión que sobreentienden que ninguna verdad está está depositada en los libros jurídicos sagrados de una República, a título, por ejemplo, de la persona jurídica y de sus derechos fundamentales.

 

 

El fundamento dos veces milenario de la Filosofía Criminal : Juzgar el acto y no la persona

 

Segunda constatación, de importancia esta vez, que es de naturaleza interna: todo viene simplemente de la Filosofía del Derecho, de la cual el oficio es remontarse a las causas que “hacen al Derecho Derecho”, en de la Justicia, a los presupuestos que lo inspiran y que permiten reconocer en él ciertos principios de base, de los cuales se infieren las soluciones. Yo enseño a mis estudiantes de Filosofía del Derecho Penal o Filosofía Criminal, después de muchos años, una distinción de base que me parece ser la condición de toda civilización y que caracteriza, además, la herencia recibida de las “Humanidades”, denominadas clásicas, de los legados greco-romanos, y es la distinción formulada por el mismo Aristóteles, y que queda subyacente en el viejo Derecho Romano y que ha pasado a los tres monoteísmos de Occidente: la distinción entre la persona y el acto.

Ciertamente, esta distinción ha podido ser oscurecida en el curso del tiempo. Los derechos en los cuales ella se encuentra, no han sido siempre ejemplares. Ya la aproximación Aristoteliana, que se tiene fácilmente a una persona abstracta,  y no concreta, en la fuente de sus actos, carece además de la necesaria diferenciación existencial, que le agregará el Tomismo medieval. Y se podría así demostrar cuánto las prácticas políticas represivas, de principios sin escrúpulos, han podido conducir a monstruosidades sin nombre, donde el Derecho Penal ha podido servir de biombo para cubrir los caprichos de la intolerancia, del odio o de la simple discriminación de los opositores: las cartas de sello, de siniestra memoria, han mostrado que el embastillage(9) no era, en el fondo, más que una medida pretendiendo asegurar la seguridad de la sociedad política, inquietada por una persona de la cual la apreciación judicial de sus actos no era suficiente para declararla peligrosa, lo que se manifiesta de nuevo  en diversos países totalitarios del siglo pasado, y marca todavía singulares resurgencia en el Este de Europa, del lado asiático, como también un poco en toda la superficie del globo.

Semejante distinción significa que el Derecho no se atiene más que a los actos, delimitables en sus secuencias objetivas, actos que emanan sin ninguna duda de un sujeto, pero que no deben jamás repercutir sobre la definición de la personalidad, arriesgando el hacerla entrar dentro de una categorización genérica que  la alienará.

El examinador escolar o universitario, lo mismo, no juzga jamás a la persona, sino los exámenes, y no prejuzga, pues, desde el punto de vista del saber, lo que pudo dar un candidato declarado no conforme (igual si existe una patología “examinomaníaca”, aparecida para el control de personas más que para el de sus actos, equivalente humano del ardor procesal de los juicios de Racine o de Molière).

Así pues, cualquiera que sean las aproximaciones de las ciencias humanas que mejor .permitan explicar la conducta del criminal (mismas que devienen de la Historia, o de las dádivas más frecuentes de la Sociología y de la Psiquiatría), la idea de penetrar, al menos moralmente, más allá,  en una frustración exterior al Derecho,  indica o asigna, al mismo tiempo, su límite hacia lo político encargado de defenderlo. Si el Derecho se pone en movimiento, es porque la persona, gozando de toda libertad, es supuesta alrededor del acto. El acto puede sujetarse a múltiples interpretaciones, sacadas de las ciencias humanas. Ellas miran a matizarlo o a agravarlo, pero, independientemente del caso de exoneración habitual, o de hechos justificativos(10), todos clásicos, ninguno autoriza a concluir la ausencia total de libertad y, pues, la desaparición de la personalidad en torno a sus obras.

Esto es, en efecto, una condición previa. Antes de que el proceso no se relacione con su responsabilidad, la persona podría haber sido considerada como desprovista de responsabilidad, y, por allá, como “irresponsable” –lo que no excluye, según la reciente voluntad del legislador,  el orquestar un procedimiento mínimo de puesta en escena judicial, que no constituye, del resto, si se le sabrá contra voluntad, una mala idea, lo mismo si eso no es más que ajustar al Derecho una “espectacularización” sociológica de su intuición, útil, entretanto, a su comunicación pública y a la catarsis de los espíritus.

Por el contrario, no se le sabrá  “responsable” más que si se puede suponer como libre. Desde que la personalidad es reconocida , y que la irresponsabilidad es, por eso, descartada, si el proceso tiene lugar así, ello implica el reconocimiento de una presunción de libertad que debe permanecer intacta; ella no permitirá más que una revisión cuantitativa y no cualitativa: por la parte de libertad  objetivamente apreciable que ella supone. Todo el esfuerzo del derecho debe basarse sobre el análisis del acto dentro del respeto incondicional a las personas. Pero debe ser bien claro que el proceso se dunda sobre la responsabilidad, y que esta responsabilidad es siempre aquella de un sujeto distinguido de sus actos y que esta responsabilidad no es tal si ella se rebaja a unja necesidad ajena al proceso, imputativo o generador de una obligación de Derecho; no se realiza un proceso penal a los locos(11), a los animales o a las piedras. La responsabilidad  está ligada a la obligación, y la obligación no obliga, no liga propiamente más que a una libertad, porque ella, supuestamente, ha cumplido un acto contingente y no necesario, que ha podido no haber cumplido, y que está bajo el supuesto de haber dirigido mal su conducta. El Derecho va más allá, y el no habría podido abstenerse, con Pascal o Dostoievski, considerando que, después de todo, su intervención no suprime al injusticia, pero superpone ahí la suya propia (punir, es “hacer dos malvados en lugar de uno”, ha sido escrito en los Pensées).  Pero el Derecho no puede ir más lejos, como la ley lo quisiera, sin negarse: él no podría consentir dejarse reemplazar por una administración(12).

Que se utilice, en todo caso, el concepto de falta, de “desviación”(13) o de “peligrosidad”, convergen estrictamente a lo mismo: una piedra, un animal o un loco, no es susceptible de ser afectado por una apreciación parecida, porque no hay libertad. Se internará enseguida al sujeto presentado como irresponsable, como sujeto que no se pertenece más a sí mismo, e incapaz de asumir su libertad nativa, y, por lo tanto, su subjetividad, subjetividad cesante de reposar sobre sí mismo, a fin de proteger a la sociedad; y habrá razón, en otro plano, si su patrimonio y su covertura de aseguramiento le permiten obligar a las víctimas a solicitar la reparación civil, que autoriza hoy más ampliamente que antaño, una legislación que se abre a la compensación financiera por el perjuicio sufrido(14). Pero es totalmente antijurídico y antimoral(15) el querer alinear la situación en aquella en que se encontraría, al fin de su pena(16), un condenado judicial(17) presumido como libre(18), bajo el pretexto de una alta probabilidad(19) de reincidencia, siendo esta por la cual se le avisa del internamiento psiquiátrico desde el comienzo de la alteración de sus facultades mentales. Queda mejor evaluar, como punto de partida, al “reincidente” como el umbral de dependencia a compulsiones irremontables y a medir mejor así una verdadera alienación de la libertad, gracias a una explotación más apropiada de las dádivas científicas, bajo control exclusivamente judicial.

 

 

Ámbito no jurídico ni político de una responsabilidad personal. La prueba de una libertad imposible de establecer…   

 

La disociación entre persona y acto, no puede ser franqueda más que por el Moralista, quien se preocupará de una responsabilidad  de otra especie, responsabilidad establecida sobre la voluntad, no nada más supuesta, sino probada como enteramente libre, lo que permite avanzar a afirmar que una persona es mala más bien que de haber hecho algo malo.

Esta es toda la diferencia entre Moral y Derecho(20), y el Derecho no puede confundir los géneros; a más fuerte razón o mayor abundamiento, lo político no puede aventurse a hacerlo más que si él juzgara abusivamente, invocando una opinión fácilmente no consigue. Esta empresa de moralización,  a la que parece llamar legítimamente con sus voces, y, frecuentemente, a través de gratuitos encantamientos afectivos, no lo apartan, igual si él está, a veces, en el deber de reenviar hacia orientaciones que lo rebasan y lo justifican, aún a  ese grado, para participar de sus puntos de vista, a fin de visualizar el contenido (tal como el respeto integral a la persona de cada uno, etc.), reconociendo otras instancias para tratarlas con mayor profundidad. Esto es, además, a fin de prevenir una tal confusión, que la Moral releva de un ámbito que conoce, no de “leyes”, sino de puros “principios”, hacia una vocación parenética: ellos aconsejan, más que prescribir, aquello en lo que  pueden ofrecer la referencia más directa a los criterios, absolutos y objetivamente conocidos, de valor, esos mismos criterios en los cuales se supone se inspiran las conductas humanas, mismas que no son jamás reducibles a un “todo malo” o a un “todo bueno”, pero de las que se elogian o reprochan aquello que sea su culpabilidad o inocencia, su horror o su belleza.

No se encontrará ninguna obra de Filosofía Ética, ni ningún tratado de Teología Moral, un libro hasta de tres religiones, capaz de sostener que la responsabilidad moral es comparable o asimilable a la jurídica. Este es el fallo de teorías de la Justicia, discutibles y complicadas por el Derecho, de aventurarse recientemente a pensarlo, profiriendo su Positivismo pragmático y, en el fondo, nihilista, borrando todo lo absoluto, todo lo incondicional. El Derecho se contenta con una presunción; la Moral tiene necesidad de una prueba total: ahora bien, en realidad, él sabe que no la tendrá jamás, y de ahí su indulgencia en cuanto a las personas de las cuales reside en su libertad un misterio de reversibilidad potencial y sobre el cual los desdoblamientos Stevensonianos abundan sin cesar; de ahí la idea de que un gran criminal tiene que responder jurídicamente, sin dejarse intimidar por sus estados de ánimo de sincero arrepentimiento, espiritualizado en ciertas horas (me acuerdo de haber interrogado al menos a uno, un ex –asesino, el que acababa sus exámenes universitarios en prisión; se conocen así, al más abyecto grado del crimen, esas grandes almas que están emocionadas en la mañana por la Pasión según San Mateo(21), acabando su Doctorado en Filosofía y en Derecho, y que, sin chistar, ametrallan, en la tarde, al borde de afilados precipicios, a millares de ancianos, mujeres y niños…); si el gran criminal puede prevalerse de una interioridad fuera de toda prisa que un Positivismo aboliría, no sabrá prejuzgar al derecho que, sin Positivismo por mientras, sino por simple distinción de géneros, mira sin complacencia al hombre de lo social y de la historia, y la exterioridad de sus roles.

 

 

La amalgama contraria, sus presupuestos y sus efectos

 

Si un cierto peligro de amalgama subsiste entre Moral y Derecho, dentro de una atmósfera contemporánea de moralización, al extremo en que se echa sobre lo político, no obstante que su rol debe limitarse a hacer promover y respetar el Derecho, y a remarcar, necesariamente, la diferenciación de coexistencia armoniosa entre el orden moral o las costumbres(22), que pueden ser las de las religiones (el orden de las puras personas) y el orden jurídico y político (el orden de los sujetos de Derecho y de los ciudadanos), -simple nombre de la antigua división  entre Justicia individual y social, dividiéndose la segunda en particular y general-; el primero no puede ser absorbido, sin una inclinación totalitaria y totalizante, por el segundo(23), no puede ser violado por él; debe, igualmente, ser protegido por él y el Derecho y lo político, deben defender igual a aquellos que no rijan directamente: las personalidades jurídicas no poseen ningún otro estatuto más específico que el de su existencia, los no-ciudadanos lo mismo que los ciudadanos, etc.

Es por esto que el encierro de seguridad no solamente vehicula esta idea de un genericismo totalitario, después del cual la existencia deja de ser suficiente, presumida o supuesta en su libertad, y depende de un orden Hegeliano de reconocimiento: la dignidad “se adquiere”; se debe “dignificar” al mérito, el itinerario de inicio oscuro, estando aquí de escapada a la mirada no sólo de la sociedad, sino, también, de los Tribunales, y habrá, en un futuro anterior, sido dignificada cuando no lo será más, a menos que el Derecho le reconozca su dignidad de sujeto de Derecho libre y lo condene por sus actos, en función de la gravedad de estos;  pero este encierro o esta retención,  en el sesgo de todas las medidas discriminatorias que se sustituyen a un derecho, a una moral y a una religión, apuntan, pues, a una suerte de trascendencia oculta para justificarse: se practican el absolutismo y la discrecionalidad  y se falsifican las apariencias, donde brilla sutilmente algún equívoco, obligando a los repetidores del Derecho a reunirse a la mesa para asociarse a los calificativos dados a sus instituciones, todo, neutralizándolas en el cuadro de una recuperación de toda contradicción que maneja su sofística, lo que es democráticamente inaceptable con seguridad, y parece el colmo de un cinismo amoral.

La diferencia con el Derecho es, por lo tanto, dicha a aquellos que se oponen en materia de la no retroactividad de la ley (ello les es explicado cándidamente: “pero es que esto no es más del Derecho”…), al mismo tiempo en que ella es tácitamente admitida, en forma de paralogismo, a través de la captación del Consejo Constitucional, traduciendo la voluntad misma, que, viniendo del Derecho, debería conformarse a él! Bella lógica contrariada que viola, de todas maneras, el respeto a los derechos del hombre fundada sobre la presunción de libertad donde es garante la CEDEH, por encima de toda Constitución nacional!

 

 

Reino de “fuera de la ley” y fascinación de “afuera Estado de Derecho”.

El mito de “el experto” o el último argumento de escape.

De lo post-jurídico.

 

El encierro o retención de seguridad, eufémicamente previsto en el texto, en todo caso, para erigir una categoría donde pone la persona aniquilada en su libertad, en su aptitud para actuar, dicho de otro modo, y, por ende, la grave negación de su personalidad jurídica (retorno a una suerte de incapacidad de juicio general en cuanto a sus derechos fundamentales, o de media-muerte civil(24), suprimida, por tanto, a mitad del siglo XIX al mismo tiempo que la esclavitud). Desde entonces, el sujeto, aparentemente mantenido como no estando más, en sentido estricto, para hablar “de Derecho”. Por la instauración de una comisión ad hoc, reemplazando a una auténtica jurisdicción, la decisión poilítica ha sido la de entender lo ejecutivo tomando como testigo, como simples relevos de opinión, a los representantes, salidos, en desorden,  del mundo judicial, de las ciencias humanas y de algunas autoridades, llamadas morales, reagrupadas al seno de una institución administrativa, parcelada a priori de toda contradicción de fondo, la cual no se exdplicable más que cuantitativamente y a su manera (habiendo, así, la profecía Marcusiana de “el hombre unidimensional” o adialéctico(25)). Declarado, en suma, “fuera de la ley”, el sujeto delincuente es, enseguida, dispensado del control del Derecho, quien sancionó únicamente sus transgresiones: es abandonado a una instancia que, franquándose ella misma, una instancia, pese a las palabras que hay qué emplear, se sitúa fuera del Estado de Derecho, una instancia que ha condenado, desde ahora, su persona, y que puede categorizarlo genéricamente a su parecer o discreción.

A falta de un juicio abierto al análisis del valor, herido ante la mirada de la cual el comportamiento criminal podía aparecer culpable, desviado, peligroso y, pues, responsable, en la medida en que subsiste en él, o a través de él, un factor suficiente de libertad, la nueva práctica disuelve todo juicio, suspende sus referencias y principios y lo alinea sobre un proceso cuantitativista, donde domina un arbitraje de opiniones y donde, a falta de un saber axiológico y jurídico, reina la coartada o razón del experto.

Pero esta experiencia ¿no hace falta que, primero, sea bienvenida, desde el principio, más que al final, fuera del control judicial, sobre todo? Será posible asombrarse, además, de la confianza en los expertos, indicados o nombrados como “científicos”, pues entonces se buscará con lupa la existencia, o, al día siguiente, la supresión de tantos lugares o puestos de buscadores especializados en ciencias humanas hacia la orientación auténticamente psiquiátrica y criminal(26), cuando, en caso de necesidad, el único experto convidado al proceso….es de nacionalidad extranjera,. verdaderamente de buena Escuela Clásica.

Pero hace falta, en fin, hacer observar la doble ambigüedad del término o vocablo “experto”, pues a él mismo, ¿sobre qué se le juzga? Como en el Test de Milgram, o la publicidad de detergente o de dentífrico, se sabe cuánto la blusa blanca y el prestigio universitario ejercen su ascendiente sobre el onirismo(27) popular, entonces eso que no es, para nada, más cierto que la apariencia constituida, que no sea una mistificación.

Por una parte, no es lo más evidente del todo que un “experto”, en el sentido de lo político, sea forzosamente un “sabio”, en la acepción de nuestro Derecho Procesal, Civil o Criminal(28), y tenga, pues, necesariamente, una competencia científica verificable y atestiguable por algún Diplomado especializado, acreditando en su materia; al momento de las Comisiones Stasi o Attali, ha sido anunciado a los medios, “cuestión de comunicación”, entendiéndose que los “expertos” habían sido consultados, los cuales han sido ulteriormente presentados, por aquellos mismos que los habían invitado, como los designados por una opinión colectiva, como las “relaciones de opinión”; una buena encuesta etno-antropológica podría ser una empresa a emprender, entonces, para establecer la singular ficha de reclutamiento en el carnet de las redes mundanas(29) y de las amistades transversales.

Por otra parte, supongamos que el experto queda como eso que parece deber ser; es decir, el aviso portado por él, que lo habilita en su materia, científica y universitaria, independiente, nacional e internacional, y no alguna autoridad política o agencia privada, susceptible de estar sometida a lo político; supongamos todavía que este aviso se apoya sobre travajos objetivos y verificables, que designan al experto ante la confianza de todos; semejante aviso podría, aquí, ser percibido de dos maneras, igualmente criticables, tanto la una como la otra: por una parte, el podría ser indebidamente relativizado, en razón de su confrontación hacia los avisos, que no son más que los de una ciencia cualquiera, pero de opiniones, incluso de opiniones políticas, y el Derecho mismo dejaría de encuadrar un examen semejante, se  tendría en todo lugar, qué creer lo peor (del tipo o estilo del proceso Chostakovitch, declarado loco e internable); por otra parte, ello podría ser absolutizado, y, ahora bien, eso no podría quedar mucho mejor, pues ese es, justamente, el efecto que el Derecho mira a impedir, cuando sea preciso,  tanto en el ámbito civil como en el criminal, que el experto no ate al Juez.

El Juez es libre, en efecto, de formarse un juicio sin atenerse a un experto, que sólo él tiene competencia para relativizar.

Fuerte y dichosamente, él puede pronunciar un juicio muy diferente de aquel al que querrían, a veces, conducirle los expertos, o igual, a eso que es, a veces, lo mejor para creer, expoliando a la persona (hacia el hospital especialmente) de su autonomía, las autoridades morales o religiosas de cualquier comité de Ética…Ese fue el drama del Juez de Instrucción de Outreau, formado más hacia las ciencias políticas que hacia el Derecho, pareciendo bien que una parte de la encuesta se le escapa, al ignorar esta regla elemental y el ser abusivamente reposadas sobre los expertos, cuyo deber propio de su situación, era el de rendir contradicciones y, sin duda, el de relativizar. Además, el testimonio del experto principal, que no parecía haber tomado conciencia de la naturaleza pública de su trabajo, porque él no lo evaluaba más que en función de una remuneración de “gabinete” privado, profiriendo injurias verbales a los funcionarios y agentes del Estado, siendo fácilmente instructivo sobre el grado de improvisación de su intervención y sobre una ausencia de discernimiento del medio judicial mismo, donde él evaluaba, y que ya había debido alertar sobre los  límites de su competencia dentro de otro registro. ¿Cómo puede el juez declarar responsable de un accidente de avión al piloto, y entonces, el Ingeniero del avión civil, conminado por sus conocimientos, ha declarad, después del examen de la caja negra, que el accidente fue debido a una falla del aparato? ¿Cómo puede el Juez afirmar que “la tela está fallada”, mientras que el reporte de un experto que lo autentifica no ha sido igualmente abierto, o que, sabiendo que no lo sería sin duda, se hubiera nombrado a algún experto en Arte africana para examinar una pieza del Nuevo Imperio Egipcio?

Esos juicios, que no deben ser forzosamente sospechosos, aparecen todos los días, y muestran que el Juez dialectiza(30). Él dialectiza porque su juicio mediatiza un valor. Ahora bien, un valor es exterior hacia los meros juicios de faltas que son descriptivos de un estado; un valor está religado a la libertad que ahí se refiere o que la convoca y la pone a prueba, un valor justifica la ley, que es ahí la primera mediadora y que se eleva por encima de  los intereses en conflicto, tanto de las víctimas como de los criminales. En Francia, como en otras partes, el proceso criminal no sabría tolerar la empresa de lo político a través de comisiones de seguridad…que no serían judiciales, pero que serían, por lo mismo, “incorporadas, relacionadas a….”, comisiones pseudos-jurídicas o post-jurídicas que serían ahí, si no el sustituto, por lo menos la prolongación. Pues toda comisión político-administrativa de esta naturaleza, mal disimula la gestión por lo político de intereses inherentes a la sociedad civil, que mueve los intereses de las víctimas o los de los criminales. Ahora bien, el proceso criminal, que es, a la vez, indispensable y suficiente, no puede hacer la diferencia a priori entre la responsabilidad de las personas, entre las de unos o de otros, ni hacer volver el valor a los intereses categoriales a debate; ello hace intervenir a un Juez del Estado, que reinterprete el valor depositado en un “tercer término”, en una ley que trasciende los intereses, y cuyo deber, una vez que la personalidad del agente es presumida o supuesta como libre, y que él no ha sido designado como “irresponsable”(31), su deber, pues, es el de examinar los meros actos hacia la vista de sus consecuencias punibles y apelando a la reparación con la mirada puesta en el mal hecho a la sociedad y a la víctima; y ese mismo deber lo constriñe en total imparcialidad, a no relacionarse con uno más que con el otro: si él es la relación de la sociedad, en tanto que Ministerio Público(32), no lo es del interés particular de una víctima, pero lo es del valor y de la ley, de quien es depositario;  es menos, entonces, así, la relación de la sociedad civil como no lo es del Estado cubriendo los valores del Derecho en su seno.

Adoptar otra solución, es vanagloriar el nihilismo de todos los “post” que cultivan el lenguaje “fiable”  y sintomático del cambio y de la ruptura; es, también, reavivar los mitos, recordando los tiempos antiguos, aquellos donde el Derecho, así como el Estado, se detienen ante una frontera: aquella donde había los cursos de milagros como los sitios de huelga; aquellos donde había los contrarios de fuera de la ley, donde los procedimientos habituales podían, y debían, cesar. Más que a las cosas, la Justicia reúne a los hombres, pues no  sabría circunscribir tecnocráticamente, material y administrativamente, los espacios de vida y de control, asimilándolos a su patrimonio, como aquellos visualizados de nuevo, ordenando en categorías abstractas y en establecimientos las nomenclaturas; técnica del campo en expansión, bajo el beneficio de la calidad de servicio y de organización que ella reemplaza.

La técnica del internamiento practicada en comisión, obedece a la misma lógica. Como si se  pudiera dividir. Ella  traduce, en el fondo, una grave indigencia cultural y el mismo desplome del sentido moral. Ella muestra la imposibilidad de identificar la unidad(33) del hombre a través de la unidad del Tribunal y del Derecho, esta que es conquista sólo del hombre llamado “civilizado”, mientras que el animal, él, que no hace la civitas, tampoco hace Tribunales, pero instituye sin cesar márgenes de discriminación y de selección, como a la entrada de la colmena o del hormiguero, o de la plaga. Deviniendo en micro-sociedad en la escalera del mundo del cual tiene la necesidad, celosa y constante de despreciar los lugares denominados como menos evolucionados, una sociedad semejante se transforma, así, rápida y regresivamente, en residencia vigilada, hecha de tribalismos confrontados los unos con los otros, y de centinelas de seguridad, o del equivalente de eso que Sartre llamó, bien lúcidamente, apuntando a las críticas literarias de La Sorbona: “los guardianes de cementerios”.

 

París, 1º. de marzo 2008

 

 

(1) Convention Européenne des Droits de l’Homme, por sus siglas en Francés (N. de la T.).

(2) Empleado de prisiones, custodio (N. de la T.).

(3) Privado de su libertad, reo, interno, en el lenguaje utilizado en México (N. de la T.).

(4) Indocumentado, ilegal según la legislación migratoria (N. de la T.).

(5) En el Derecho Penal Mexicano, la prohibición de imponer penas por analogía está consagrada en los Artículos del 20  al 22 de la Carta Magna, también llamados “Derechos del procesado” y dentro de aquellos preceptos que el Maestro Ignacio Burgoa denominara “garantías del individuo” (N. de la T.).

 (6) Cfr. Jean-Marc Trigeaud, Justice Hégémonie. La philosophie du droit face à la discrimination d’Etat, Editions Bière, Bordeaux-Paris, 2006 (N. de la T.).

 (7) Hacer un doblaje o copia falsificada (N. de la T.).

(8) El Derecho posee una nota que le es característica, y que Luis Recaséns Siches denominó “ impositividad inexorable”, también llamada “coactividad” o “coercitividad”, Cfr. Tratado General de Filosofía del Derecho, Ed. Porrúa, México, 1970. (N. de la T.).

 (9) El vocablo o “galicismo”, se refiere al confinamiento en la célebre prisión conocida como “La Bastilla”, símbolo del Despotismo Ilustrado, que finaliza con el estallido de la Revolución. Así, se sabe históricamente, que el primer acto de los revolucionarios es, precisamente, el que se ha llamado “la toma de la Bastilla”, paradigma de lo que la Criminología Crítica ha denominado como sitios de control de las personas, y que Goffman describe en su obra Estigma (N. de la T.).

(10) Causas excluyentes de responsabilidad penal,  como se denominan en el Derecho Penal Mexicano (N. de la T.).

(11) Vocablo genérico utilizado coloquialmente; la Psiquiatría es específica al hablar de tal entidad nosológica, considerando la “locura” como una enfermedad en concreto, y no en términos de totalidad patológica (N. de la T.).

(12) Instancia administrativa (N. de la T.).

(13) El concepto de “desviación”, puede ubicarse desde dos ópticas: a) El desapego a la “media estadística”, que sirve, generalmente, para fijar el límite de la “normalidad”; b) El “deviance behaviour”, concepto muy utilizado por la Criminología anglo-sajona (N. de la T.).

(14) En México, la reparación del daño se exige por la vía del Derecho civil, mediante una acción.diferente de la penal (N. de la T.).

(15) Inmoral o amoral, en el lenguaje común en Latinoamérica (N. de la T.).

(16) Al cumplimiento de la sentencia (N. de la T.).

(17) Sentenciado, es decir, aquel indiciado a quien se ha comprobado plenamente el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, en la teoría y la práctica del Derecho Procesal Penal Mexicano (N. de la T.).

(18) En virtud de haber compurgado o cumplido su sentencia, se presume nuevamente libre al reo; es decir, debe salir plenamente del campo del Derecho Penal (N. de la T.).

 (19) Obsérvese que el Autor escribe sobre “probabilidad”, mas no “posibilidad” (N. de la T.).

(20) La diferencia entre Moral y Derecho, ha sido tratada, magistralmente, por Francisco Suárez,  cuyos profundos y claros razonamientos no resultan perneados por la naturaleza religiosa del autor. Así lo definió Luis Recaséns Siches (Cfr. Tratado General de Filosofía del Derecho, Ed. Porrúa, México, 1970), de quien cabe señalar que su rimera Tesis recepcional expone, precisamente, la obra de Suárez (N. de la T.).

 (21) El testimonio que nos ofrece el Autor, se reviste de particular importancia porque San Mateo es, tal vez, el Evangelista que narra la Pasión de Cristo de la forma más detallada y conmovedora que se ha escrito: es como si plasmara el retrato del “Varón de dolores” que, siglos atrás, presentara el Profeta Isaías (v. 53:5). Por todo ello, cabe preguntar: ¿Existe, en tal tipo de homicida psicópata, un “aplanamiento afectivo” tal, que nada le conmueve, siendo esta una de la características de la personalidad psicopática? ¿O es que, en el relato de tales dolores, encuetra el psicópata nuevas y morbosas satisfacciones? (N. de la T.).

 (22) Mores, con diferencia del Francés, apenas de una vocal, significa “costumbres”, también en Latín, y de esta palabra se deriva “Ética” (N. de la T.).

(23) Diríase, también, “subsumido” (N. de la T.).

 (24) Algo semejante a la célebre “capitis  diminutio” del Derecho Romano (N. de la T.)

(25) Sin desarrollo dialéctico (N. de la T.).

 (26) Léase como “criminológico”, ya que, evidentemente, el Autor se refiere, en todo el texto en comento, pero según la costumbre francesa, a los tres “niveles de interpretación” sobre los que ha escrito,  en México, el Dr. Luis Rodríguez Manzanera: Crimen, equivale a delito; criminal, equivale a delincuente y criminalidad,  a delincuencia (N. de la T.).

 (27) Dícese de lo relativo a los sueños; en este caso, puede interpretarse, metafóricamente, como el “imaginario” popular (N. de la T.).

(28) Derecho Procesal Penal (N. de la T.).

(29) Puede entenderse como “relaciones sociales” (N. de la T.).

(30) Neologismo que significa “hacer dialéctica”, “desarrollar el método o poceso dialéctico”, que consiste, a saber, en los pasos de: tesis, antítesis y síntesis (N. de la T.).

(31) En algunos párrafos del texto, el Autor quiere indicar “inimputables(s)” (N. de la T.).

(32) En México, lo relativo a las funciones y atribuciones del Ministerio Público, se consagra en el Art. 103 de la Carta Magna (N. de la T.).

(33) Unicidad, descrita como el “prosopón”, la persona total, Cfr. Jean-Marc Trigeaud, Introduction à la philosophie du droit, Ed. Bière, Bordeaux, 2ème éd., 1993 (N. de la T.).

(34) Según Recaséns Siches, en la propia Francia, Talleyrand dijo a Napoleón: “Sire, el poder no puede sostenerse en la punta de las bayonetas”. Puesto que hace falta defender al Derecho con las armas, digamos que el mejor punto de apoyo del poder, es la autoridad moral de quien lo ejerce (N.de la T.).

 

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